El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha mostrado este miércoles su apoyo a la Autoridad Palestina después de que Israel haya aprobado cinco nuevos asentamientos y la confiscación de 12,7 kilómetros cuadrados de territorio en Cisjordania.

«La Unión Europea condena la legalización prevista de cinco puestos de asentamiento israelíes y el anuncio de la construcción de miles de nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada. La UE condena también firmemente las continuas políticas de desposesión aplicadas en la Cisjordania ocupada por el actual Gobierno israelí. Los esfuerzos en curso encaminados a establecer asentamientos sobre el terreno y que corren el riesgo de conducir a una anexión de facto deben cesar», reza un comunicado de su Oficina.

En ese sentido, ha recordado que los dirigentes de la UE apoyan a la Autoridad Palestina frente a este tipo de acciones que la «debilitan», que además constituyen una «grave violación del Derecho Internacional» y que «socava los esfuerzos» para lograr una paz duradera a través de la solución de dos Estados.

«Pedimos a Israel que dé marcha atrás en estas decisiones. En consonancia con la posición común que mantiene desde hace tiempo y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la UE no reconocerá cambios en las fronteras de 1967 a menos que así lo acuerden las partes», ha añadido.

Borrell también ha «tomado nota» de la última transferencia realizada por parte de Israel a la Autoridad Palestina de 435 millones de shekels (107 millones de euros), que forman parte de los ingresos retenidos y recaudados en nombre del Gobierno palestino.

En base a ello, ha recordado que estas transferencias deben ser realizadas «a su debido tiempo», en «su totalidad» y «sin deducciones indebidas», en referencia a la decisión del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de retener los últimos tres meses de ingresos retenidos y extender la exención a los bancos israelíes que trabajan con el lado palestino durante cuatro meses más.

Las autoridades de Israel recaudan estos fondos en nombre de la Autoridad Palestina y los transfieren de forma mensual, una vez descontados los gastos derivados de servicios como la electricidad y el agua. En los últimos años, estas entregas han sido congeladas en varias ocasiones ante las tensiones en el marco del conflicto palestino-israelí.